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RED DE SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL DE
AMARC
ALERTA
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México, 10 de junio de 2008
Criminalización de la libertad
de expresión en el cierre de la emisora comunitaria Tierra y
Libertad
La Asociación Mundial de Radios
Comunitarias y Artículo 19 expresan su más profunda preocupación por el
cierre la radio comunitaria Tierra y Libertad el pasado viernes 6 de junio en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Más de 100 efectivos de la Policía Federal
Preventiva, provistos de armas de alto poder, irrumpieron en las instalaciones
de esta emisora, de manera violenta. Más de 200 personas trataron de defender a
la radio, sin embargo a fin de evitar un enfrentamiento mayor, finalmente
dejaron que los elementos de la policía se llevaran el equipo, el ministerio
público que atestiguó los hechos se negó a dejarles copia de la orden de cateo,
así como del acta administrativa que están obligadas las autoridades a realizar.
Por la presión de la gente se logró que no se llevaran a Héctor Camero,
responsable de la estación, sin embargo, el ministerio público le advirtió que
tendría que ir a declarar este viernes 13 de junio, sin mediar ningún citatorio
por escrito, tal como lo marca la ley.
La emisora Tierra y Libertad, de un vatio de
potencia con alcance de unos cuatro kilómetros entre asentamientos de clases
populares al poniente de la ciudad de Monterrey, ha sido hasta hoy, y desde hace
siete años, una radio comunitaria en la que se trataban temas de educación, de
salud, culturales, de derechos humanos y laborales así como de análisis
político. Mucho se ha mencionado la “ilegalidad” de esta emisora, sin embargo,
la radio Tierra y Libertad solicitó el permiso para operar desde noviembre de
2002, en oficio recibido y sellado con fecha de 11 de noviembre de ese año por
la oficina en Nuevo León de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin
que haya tenido respuesta alguna por parte de las autoridades.
Por lo anterior AMARC México y Artículo 19
manifiestan su preocupación por:
1. No es la primera vez que las autoridades
realizan cierre de emisoras sin contemplar el debido proceso al que están
obligadas, tal como sucedió con la incautación de equipo de esta emisora. Si
esta emisora operaba sin el permiso correspondiente fue porque el gobierno
federal nunca dio respuesta a su petición, negándole la oportunidad de operar en
el ámbito de la legalidad, producto de un marco normativo en materia de
radio y televisión, que permite una profunda discrecionalidad de las autoridades
correspondientes, situación que ha sido marcada como inconstitucional por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia de la acción de
inconstitucionalidad sobre las reformas a la ley en la materia.
2. Es alarmante la negativa de gobierno federal de
reconocer y generar un marco normativo adecuado para la radiodifusión
comunitaria de acuerdo a los estándares internacionales emitidos al respecto por
la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cabe recordar que el
Estado mexicano se ha comprometido ante ésta última a generar las condiciones
para la existencia y desarrollo de las emisoras comunitarias.
3. La libertad de expresión no debe estar enmarcada
en el ámbito de la justicia penal. Criminalizar la libertad de expresión y el
acceso a la información de lo ciudadanía es un grave atentado contra el Estado
Democrático de Derecho, conforme lo establecen los principios 1 [1] y 5 [2] de la Declaración de Principios
sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aplicar la Ley General de Bienes Nacionales a quien opera sin permiso una
estación, en lugar de aplicar la Ley Federal de Radio y Televisión es
criminalizar el uso de un soporte técnico para ejercer la libertad de
expresión.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC
México) y Artículo 19 no defienden la ilegalidad ni apoyan a ningún medio
informativo que opte por la vía de la violencia o el crimen organizado, ambas
organizaciones pugnan por que existan condiciones equitativas y democráticas
para que la sociedad ejerza de manera plena su libertad de expresión. Exigimos
al Estado mexicano el pleno respeto a la libertad de expresión y al acceso a la
información, garantizando la igualdad de oportunidades y la participación
ciudadana en los medios de comunicación, y le piden no confundir a la opinión
pública con informaciones parciales y amañadas, como en el caso de la Radio
Tierra y Libertad.
[1] “La libertad de expresión, en
todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable,
inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la
existencia misma de una sociedad democrática”.
[2] “La censura previa,
interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o
información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito,
artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las
restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la
imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo
informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.