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Uruguay, 26 de agosto de 2008
AMARC aplaude nuevos procedimientos para otorgar concesiones de radio y TV comercial

AMARC celebra la decisión del gobierno uruguayo de aplicar nuevos mecanismos para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión, con el objetivo de transparentar los procedimientos y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a estos medios.

El decreto N°374, aprobado el 4 de agosto, es aplicable a la radio y TV comercial y se suma a la aprobación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria en diciembre de 2007, que también establecía procedimientos compatibles con los máximos estándares interamericanos de derechos humanos.

Entre los aspectos a destacar se encuentra la transparencia de todo el proceso de adjudicación, las garantías para una igualdad de oportunidades en el acceso, el fomento a la diversidad de medios, la apertura de espacios institucionales para la participación ciudadana y la creación de un organismo asesor que controlará el procedimiento de otorgamiento de las frecuencias.

Para AMARC, esta nueva legislación cumple con los más altos estándares interamericanos de derechos humanos, y recoge recomendaciones expresas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en tanto ésta considera “que en los concursos o en la adjudicación directa de licencias de uso del espectro radioeléctrico los Estados deben procurar, bajo el principio de igualdad de oportunidades, procedimientos abiertos, independientes y transparentes que contengan criterios claros, objetivos y razonables, que eviten cualquier consideración de política discriminatoria por la línea editorial del medio de comunicación”.

El decreto establece la obligatoriedad de realizar llamados públicos abiertos a todas las personas y la adopción de concursos para seleccionar los interesados, modificando la forma discrecional y arbitraria de la legislación vigente hasta el momento.

También se aprobaron criterios explícitos y adecuados para la evaluación de las propuestas presentadas, la realización de audiencias públicas para permitir la participación ciudadana y la creación de una Comisión Honoraria Asesora Independiente para fiscalizar y dar transparencia a todo el proceso.

Dentro de los criterios de evaluación establecidos por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), se valorarán aquellos de personas físicas o jurídicas que en la actualidad no sean titulares de emisoras de radio o TV, como un mecanismo poara limitar la concentración de medios de comunicación.

También se tendrán en cuenta aquellas propuestas que incluyan servicios a la comunidad mediante una programación que otros medios no brinden; las que tiendan a favorecer la producción cultural local; las que brinden mayor cantidad de empleo directo con sus respectivas garantías laborales y las que contemplen espacios gratuitos a organizaciones sociales.

El decreto crea una Comisión Honoraria Asesora Independiente, que fiscalizará todo el proceso y opinará sobre las propuestas presentadas. Estará integrada por representantes de universidades públicas y privadas, del gremio de periodistas y de empresarios de radiodifusión así como organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de productores audiovisuales independientes.