México, 30 de junio de 2009
Juez dicta orden de prisión contra integrante de
la radio comunitaria
AMARC-ALC denuncia la decisión de un juez federal
de dictar una orden formal de prisión contra Héctor Camero, integrante de la
radio comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey y expresa que de esta manera el
Poder Judicial Federal se suma a la criminalización en contra de la personas que
ejercen su legítimo derecho a la libertad de expresión a través de la
radiodifusión comunitaria.
El 30 de junio, el Juez Quinto de
Distrito en Materia Penal, con sede en Nuevo León, emitió orden de formal
prisión en contra de Héctor Camero. Considera que existen elementos necesarios
para detenerlo a fin de que enfrente un juicio en su contra por el delito de
uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización
previa. Dicho delito está sancionado con hasta 12 años de prisión por el
artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales.
Más de 200
personas de la comunidad Tierra y Libertad, lugar donde operaba la radio,
acudieron a las afueras de las instalaciones de los juzgados federales para
protestar por la continuidad de un procedimiento ilegal e infundado en contra de
Héctor Camero.
Organizaciones civiles, nacionales e
internacionales, enviaron cartas al juez solicitando que determinara la
inmediata e incondicional libertad de Héctor Camero, dado que la persecución
penal en contra de una radio comunitaria es una medida innecesaria y
desproporcional, por lo que criminaliza el ejercicio de la libertad de
expresión.
A pesar de las solicitudes de las organizaciones, los
actos de protesta y la clara denuncia ilegal e infundada interpuesta por la
Secretaría de Gobernación y continuada por la Procuraduría General de la
República, el Juez determinó proseguir con el juicio, el cual Héctor Camero
podrá enfrentar en libertad tras el pago de una caución.
Con ello,
el Poder Judicial Federal se suma la política de criminalización, persecución y
hostigamiento en contra de las personas que ejercen el derecho a la libertad de
expresión a través de la radiodifusión comunitaria al darle cauce a una denuncia
ilegal, infundada, desproporcional e innecesaria.
Estos hechos son
violatorios del derecho a la libertad de expresión y contravienen tratados
internacionales en materia de derechos humanos que México se ha comprometido a
cumplir. Al respecto organismos internacionales han dicho que la vía penal sólo
podrá emplearse como la última vía para proteger bienes jurídicos fundamentales
de ataques graves que los dañen.
Cabe recordar que la radio se
encuentra cerrada desde el 6 de junio de 2008, fecha en la que más de 120
elementos de la Policía Federal Preventiva llevaron a cabo el operativo de
cierre con un uso excesivo de la fuerza pública y violentando las garantías del
debido proceso legal.
La radio Tierra y Libertad tiene por
objetivo servir a la comunidad, haciendo uso de su legítimo derecho a la
libertad de expresión, para lo cual solicitó el permiso que marca la ley desde
el año 2002 sin que hasta el momento el Estado haya dado una respuesta
satisfactoria.
Gustavo Gómez
Director Programa de Legislaciones
y Derecho a la Comunicación
AMARC-ALC
Asociación Mundial de Radios
Comunitarias
América Latina y el Caribe