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RED DE
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
AMARC-ALC
COMUNICADO DE
PRENSA
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Honduras,
12 de agosto de 2009
Concentración y cruzamiento
de medios y grandes empresarios es determinante en el cerco informativo del
gobierno golpista
"Existe una gran concentración de medios en el país
centroamericano y este factor es determinante en el cerco informativo que el
gobierno ha tendido sobre las acciones represivas que tiene lugar en Honduras.
La colusión entre la gran prensa, representantes de grandes empresarios y las
autoridades de facto ha operado como elemento clave en la censura informativa",
afirma María Pía Matta, la presidenta de AMARC-ALC en su Reporte de la
Misión Internacional Conjunta de la Sociedad Civil a Honduras que realizó a
principios de agosto.
A continuación reproducimos el informe
completo.
"Entre el 2 y el 5 de agosto se realizó en
Tegucigalpa Honduras, la Misión Tripartita representada por la Asociación
Mundial de Radios Comunitarias – América Latina y Caribe (AMARC ALC); la
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP) y
la MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Latinoamericanas de
ONG , cuyo objetivo fue conocer de primera mano la situación de los medios de
comunicación, radios comunitarias y organizaciones sociales, frente a las
violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto, así como
evaluar el estado de la libertad de expresión a un mes de haberse realizado el
golpe de Estado en Honduras .
La misión coincidió con la visita al país del
Relator Especial sobre Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas, Sr
Frank La Rue, se desarrolló con el apoyo de organizaciones locales (IHDER -
Instituto Hondureño de Desarrollo Rural, Radio Marcala, entre otras).
Se
realizaron reuniones con periodistas, comunicadores de radio y prensa escrita;
con organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, ONG
internacionales y agrupaciones de profesores. Al concluir la misión presentamos
las siguientes observaciones:
Existe una gran concentración de medios en
el país centroamericano y este factor es determinante en el cerco informativo
que el gobierno ha tendido sobre las acciones represivas que tiene lugar en
Honduras. La colusión entre la gran prensa, representantes de grandes
empresarios y las autoridades de facto ha operado como elemento clave en la
censura informativa.
El cerco informativo se expresó desde el primer día
del Golpe de Estado, cuando las estaciones de televisión favorables a las
autoridades de facto transmitieron dibujos animados, mientras se efectuaba el
cierre y allanamiento a Radio Progreso, Radio Globo, la estación televisiva
canal 33, entre otras. El corte de energía eléctrica en extensas zonas del
territorio,que impidió e impide la transmisión regular a radios comunitarias y
locales no partidarias del régimen, estos comunicadores y comunicadoras se
vieron obligados a proteger los equipos para evitar su incautación o
destrucción, recibieron amenazas y hostilizaciones. Aún cuando las emisoras han
retomado sus emisiones, lo hacen en un clima general de amedrentamiento e
intimidación. En el caso de Radio Progreso debió reducir su horario de
transmisión.
Especialmente preocupante resulta la situación que vive el
quincenario El Libertador, cuyo director recibe permanentes amenazas de muerte
vía telefónica. El periódico ha hecho punzantes denuncias sobre la línea de
continuidad que existe entre los dueños de los medios de comunicación, los
grandes empresarios y los antiguos represores y violadores de los derechos
humanos en la década de los 80, quienes hoy ocupan cargos en los sistemas de
seguridad del régimen. Es el caso de Billy Joya Améndola, antiguo oficial del
ejército hondureño acusado y condenado por violaciones a derechos humanos, hoy
nombrado ministro asesor del Gobierno de Micheletti.
Durante el
desarrollo de la misión Radio Globo, emisora que ha dado voz a los sectores
ciudadanos opositores al Golpe, fue amenazada de cierre y se le envió un
requerimiento por parte de CONATEL (órgano regulador), solicitado por las
Fuerzas Armadas bajo el argumento de subvertir el orden e incitar a la sedición.
El caso concreto citado fue el de Andrés Pavón de la Confederación de derechos
Humanos de Honduras (CODEH), quien hizo un llamado a la ciudadanía, a través de
la emisora, a no respetar el toque de queda. Radio Globo es una estación privada
de alcance nacional, su gerente y propietario Alejandro Villatoro ha denunciado
los hechos y ha solicitado al Relator de la Onu que haga las denuncias
respectivas a la comunidad internacional.
En un escenario de fuerte
concentración de la propiedad de los medios como el que vive Honduras,
periodistas y organizaciones de la sociedad civil arriendan espacios radiales
para expresar sus opiniones y propuestas. Muchos de estos programas han sido
cancelados por los propietarios de los medios, aduciendo que existen nuevas
posibilidades de financiamiento a partir de la implantación del gobierno de
facto.
Entre las organizaciones afectadas por estas medidas se
encuentran COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de
Honduras). A su vez, agrupaciones feministas y de mujeres también denunciaron
que les fueron caducados los contratos de arriendo de espacios en emisoras
comerciales de alcance nacional.
La misión se entrevistó con el
periodista, Gustavo López, integrante del Comité por la Libre Expresión de
Honduras (C-LIBRE), quien señaló que los dueños de los grandes medios son
también dueños de otras empresas como cadenas farmacéuticas, concesionarios de
las transnacionales y de las maquilas que operan en Honduras. Y afirmó que
"muchos de los que forman parte del Gobierno golpista tenían un pleito directo
por intereses económicos con el Gobierno de Zelaya".
Al respecto, López
indicó que si las medidas de Zelaya no favorecían a algún empresario, éste
utilizaba sus medios para criticarlo. Los medios en Honduras "sólo son ventanas
de los empresarios para hostigar, atacar o ablandar a personas que quieren que
sean afines o que quieren destruir".
Tal como establece en su informe el
Relator Especial de Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas,
Frank La Rue, “camarógrafos y fotógrafos que desean documentar los hechos han
sido un blanco específico de agresión policial, sufriendo golpes, la
confiscación y/o destrucción de sus cámaras o del material filmado” y concluye
que “documentar la situación política y en particular las violaciones de
Derechos Humanos constituye la dificultad más seria en Honduras”.
Esta
misión denuncia que una vez concluido su viaje a Honduras, personeros de las
organizaciones de la sociedad civil que acompañaron a la representación, fueron
amenazados y se encuentran vigilados por los sistemas de seguridad del
régimen.
Estos hechos constituyen una grave lesión a la libertad de
expresión, a lo que se suma la perversa práctica de la auto censura con que
operan muchos medios de comunicación partidarios del gobierno de facto,
silenciando e ignorando los hechos para no entrar en contradicción con dichas
autoridades.
En un contexto de ausencia de marcos regulatorios favorables
para el desarrollo de las radios comunitarias, estas emisoras se encuentran en
una situación de desprotección y vulnerabilidad.
En consecuencia los
hondureños y hondureñas están siendo violentados en su derecho a la comunicación
y a la libertad de expresión por parte de las autoridades, situación que se ve
agravada por la complicidad de los grandes medios de comunicación que actúan
coludidos con los intereses del gobierno ilegitimo.
Esta conclusión
reafirma lo establecido por el Relator La Rue quien sostiene en su informe: “en
Honduras no existe la libertad de expresión para comentar los hechos de cada
día, ni para criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de
estado”.
Como representación de asociaciones de la sociedad civil
latinoamericana, llamamos a la ciudadanía, a los gobiernos de la región y a los
organismos multilaterales a defender la democracia y el estado de derecho en
Honduras, a actuar en forma decidida en defensa de los derechos de la población,
para preservar la libertad de expresar opiniones por parte de los comunicadores,
periodistas, organizaciones sociales y ciudadanía en general, de modo de
garantizar un proceso electoral con legitimidad democrática, lo que implica el
restablecimiento de la institucionalidad en el país".
María Pía Matta
Cerna
Presidenta AMARC ALC
Misión Tripartita a Honduras:
Asociación
Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP);
MESA de
Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Latinoamericanas de ONG
y
Asociación Mundial de Radio Comunitarias AMARC ALC
Santiago de
Chile, agosto 2009