El pleno de la Comisión Permanente del Congreso mexicano aprobó el 28 de julio un punto de acuerdo mediante el cual exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que den una tregua al cierre de radios comunitarias, otorguen los permisos a estas emisoras y establezcan una normatividad que les dé condiciones de existencia digna.

 

En el mismo punto de acuerdo se solicita a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que informe al órgano legislativo federal sobre el estado que guardan las peticiones de permiso de las emisoras y las razones por las cuales no se ha dado una respuesta. Igualmente el Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a que informe sobre el estado que guardan los procedimientos penales en contra de las personas involucradas en las radios “Tierra y Libertad” de Monterrey, Nuevo León, y “Uékakua” de la comunidad indígena purépecha de Ocumicho, Michoacán.

Al otro día, en reunión con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México), el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó que los cierres de radios comunitarias e inicio de denuncias penales fueron escogidos a fin de dar un “castigo ejemplar” y se rehusó a dar una tregua al cierre de radios en tanto se discute en el Congreso una nueva legislación de radio, televisión y telecomunicaciones que permita la subsistencia digna de los medios comunitarios, a pesar del pedido del Congreso.
 
Gómez Mont se comprometió, sin embargo, a dar respuesta a los permisos que han solicitado las comunidades para operar y administrar una radio comunitaria en una semana, así como a trabajar con el Congreso a fin de aprobar reformas a la legislación que permitan la subistencia digna de los medios comunitarios, apegándose a los estándares internacionales en la materia. 

AMARC-México hizo un llamado público a la Secretaría de Gobernación a fin de que cese en la utilización discrecional y arbitraria de la ley puesto que resulta violatoria del derecho a la libertad de expresión en tanto criminaliza a integrantes de radios comunitarias, al utilizar el uso desmedido de la fuerza pública en los operativos de cierres e iniciar procesos penales de manera innecesaria e infundada.

 

 

Gustavo Gómez
Director Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación
AMARC-ALC