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COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO
Oficina del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación AMARC-ALC
Reporteros sin Fronteras
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
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Español/English/Français/Portugues
Honduras, 28 de junio de 2010
Golpe de Estado, un año después: un fracaso vertiginoso del Estado de derecho y de las libertades públicas
Reporteros sin Fronteras, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y el Comité por la libre expresión (C-Libre) han decidido pronunciarse juntos, un año después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Este acontecimiento ha marcado probablemente uno de los más vertiginosos fracasos de las libertades fundamentales en un país – en particular la de informar y ser informado – hasta el punto de hacerlo caer al peor rango mundial para la libertad de los periodistas.
Destacan dos principales períodos en estos acontecimientos. El primero – que va del derrocamiento de Manuel Zelaya por el ejército hasta la investidura de Porfirio Lobo Sosa, el pasado 27 de enero – se ha caracterizado a nivel mediático por actos de censura, sabotajes, brutalidades y militarizaciones de medios de comunicación conocidos por su línea de oposición al golpe. Fue el caso de la cadena Canal 36 Cholusat, Radio Globo, Radio Progreso, Radio Uno así como de medios comunitarios como la radio garífuna Faluma Bimetu (Radio Coco Dulce), devastada por un incendio criminal, el pasado 6 de enero y en cuya reconstrucción participaron nuestras tres organizaciones. La censura y el sabotaje también afectaron a la prensa extranjera desde las primeras horas del golpe de Estado, y medios tan distintos como CNN Español o Telesur, de los que una decena de periodistas resultaron expulsados del país.
El segundo período, post-golpe de Estado, va de la última investidura presidencial a este primer “aniversario”, y se distingue sobre todo por el asesinato de ocho profesionales de los medios de comunicación desde marzo a junio de 2010:
-Joseph Ochoa, cadena Canal 51, 1 de marzo
-David Meza Montesinos, cadena Abriendo Brecha y radio El Patio, 11 de marzo
-Nahúm Palacios, cadena Televisora de Aguán – Canal 5, 14 de marzo
-Bayardo Mairena, cadena Canal 4, 26 de marzo
-Manuel Juárez, Radio Excélsior, 26 de marzo
-Luis Antonio Chévez, emisora W 105, 11 de abril de 2010 (locutor)
-Georgino Orellana, Televisión de Honduras, 20 de abril
-Luis Arturo Mondragón, cadena Canal 19, 14 de junio
Se añaden a esta lista defensores de derechos humanos, como Walter Tróchez, secuestrado y asesinado en el mes de diciembre. Es posible que todos estos asesinatos no estén relacionados con la violencia política que afecta al país desde hace un año. Pero no justifica en ningún caso la actitud de las autoridades que consiste en excluir sistemáticamente, y a priori, cualquier relación entre estos dramas y dicha violencia. No obstante, Nahúm Palacios Arteaga denunció frecuentes persecuciones por parte del ejército del que era víctima antes de que lo matasen. Georgino Orellana se expuso personalmente al abandonar por razones editoriales sus anteriores redacciones de La Prensa y Televicentro, dos medios de comunicación favorables al golpe de Estado. Joseph Ochoa, por su parte, fue blanco de un atentado destinado a su compañera de la cadena Canal 8, Karol Cabrera, por apoyo al golpe de Estado, refugiada desde entonces en Canadá.
¿Cómo negar la constancia de la violencia política contra los medios de comunicación tras el increíble asalto llevado a cabo, el pasado 3 de junio, por militares y policías contra la recién creada radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, voz de una comunidad rural en conflicto con el magnate de la agroindustria Miguel Facussé? ¿Cómo interpretar la nominación al mando de la empresa pública de telecomunicaciones Hondutel, el 8 de marzo, del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, instaurador de la censura justo después del golpe de Estado? ¿Cómo entender el silencio de las autoridades tras dos conminaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la protección física de los periodistas de Radio Progreso y de su director, Ismael Moreno, amenazados de muerte?
De la voluntad de las autoridades actuales en responder de manera concreta a esta situación depende la reintegración de Honduras en la Organización de los Estados Americanos, suspendida de la misma desde de hace un año. Hasta ahora solo han confirmado la lógica nacida del golpe de Estado.
En su ámbito de competencias, nuestras organizaciones demandan:
-La instalación de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos permanente para Honduras, en tanto no se dé una mejoría notable del ejercicio de la libertad de expresión
-Que una comisión de investigación civil independiente constituida con el apoyo de la OEA pueda ejercer sin impedimentos un poder de observación sobre las investigaciones relativas a los asesinatos y agresiones a los periodistas cometidos durante el primer semestre del año 2010, así como a la verificación del cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a los comunicadores y medios de comunicación.
-Que esta labor dé lugar a la creación de auténticos mecanismos de protección a favor de los profesionales de los medios de comunicación y de investigaciones que den los responsables y terminen con la impunidad en que se encuentran los asesinatos y agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación.
-Que se registren y restituyan los equipamientos de los medios de comunicación víctimas de una ocupación militar desde el 28 de junio de 2009 en base de criterios democráticos que garanticen la pluralidad y la diversidad informativa para los sectores comercial, público y comunitario.
-Que se realice un recuento de las frecuencias audiovisuales junto con una reestructuración de su sistema de atribución.
-Que la legislación hondureña en materia de acceso a la información, de delitos de libertad de expresión, de diversidad de los medios de comunicación y de pluralismo se adapte cuanto antes a las normas jurídicas internacionales y a los marcos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Español/English/Français/Portugues
Honduras, 28 de junio de 2010
Rule of law and civil liberties founder in year since coup
Reporters Without Borders, the World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC) and the Committee for Free Expression (C-Libre) have decided to issue a joint statement on the first anniversary of the 28 June 2009 coup d’état, an event that has done an almost unprecedented degree of harm to fundamental rights and freedoms, especially the right to receive and impart news and information, and has given Honduras an abysmal press freedom ranking.
Two periods can be distinguished. The first – from President Manuel Zelaya’s ouster by the army until Porfirio Lobo Sosa’s installation as his successor on 27 January – was marked by acts of censorship against media opposed to the coup, including sabotage, use of violence and military occupation.
The targeted media included Canal 36 Cholusat TV, Radio Globo, Radio Progreso, Radio Uno and community media such as the Afro-Honduran radio station Faluma Bimetu (Radio Coco Dulce), which was badly damaged by an arson attack on 6 January and has been rebuilt with help from our three organisations.
The foreign media were also the victims of acts of censorship and sabotage that began in the first few hours after the coup, and around ten foreign journalists working for such different media as CNN Español and Telesur were deported.
The second post-coup period, from the new president’s inauguration until now, has been marked above all by the murder of the following eight journalists in the past four months:
- Joseph Ochoa, Canal 51 TV, 1 March
- David Meza Montesinos, Abriendo Brecha TV and radio El Patio, 11 March
- Nahúm Palacios, Televisora de Aguán - Canal 5, 14 March
- Bayardo Mairena, Canal 4 TV, 26 March
- Manuel Juárez, Radio Excélsior, 26 March
- Luis Antonio Chévez, radio W105, 11 April
- Georgino Orellana, Televisión de Honduras, 20 April
- Luis Arturo Mondragón, Canal 19 TV, 14 June
To this list must be added human rights activists such as Walter Tróchez, who was kidnapped and murdered in December. It is possible that none of these murders was linked to the political violence that Honduras has been experiencing for the past year. But there is no justification for the position of the authorities, which is to immediately and systematically rule out any possibility of the two being linked.
Palacios, for example, reported prior to his death that he had been repeatedly harassed by the army. Orellana took a risk when he decided to stop working for his previous employers, La Prensa and Televicentro, on editorial grounds. Both of these media supported the coup. Ochoa was killed in a shooting attack in which the target for her support to the coup was fellow journalist Karol Cabrera of Canal 8 TV, who fled to Canada afterwards.
How is it possible to deny the continuing existence of political violence against the media after the extraordinary raid that was carried out on 3 June by soldiers and policemen against La Voz de Zacate Grande, a newly-created community radio station that was acting as the mouthpiece of a rural community embroiled in a dispute with agro-industrial magnate Miguel Facussé?
How are we to interpret Retired General Romeo Vásquez Velásquez’s appointment to be the head of the state-owned telecommunications company Hondutel on 8 March, when it was Vásquez who introduced censorship immediately after the coup? What are we to make of the government’s silence after the Inter-American Commission on Human Rights said it must protect Radio Progreso’s director, Ismael Moreno, and its journalists, who have received death threats?
Honduras’ readmission to the Organisation of American States, from which it was suspended a year ago, depends on the current government’s willingness to respond in a concrete manner to this critical situation. Until now, the authorities have just continued to act in the spirit of the coup. In the areas that concern us, we three organisations request:
-That an independent civilian commission of enquiry formed with OAS support is able, without obstruction, to monitor the investigations into the murders and attacks on journalists during the first six months of 2010, and to monitor compliance with the protective measures that have been requested for journalists and news media.
-That this initiative results in the creation of genuinely protective mechanisms for journalists and news media and in investigations that result in the arrests of those responsible for the murders and attacks on journalists and news media and an end to the impunity for such crimes.
-That the seized media equipment is inventoried and returned to the news media that have been the victims of military occupation since 28 June 2009.
-That an inventory is carried out of all the broadcast frequencies in use and the system for assigning frequencies is reorganised on the basis of democratic criteria that guarantee plurality and diversity for commercial, public and community media.
-That Honduran legislation governing access to information, free expression offences, and media diversity and pluralism are adapted without delay to international legal standards and to the framework of the American Convention on Human Rights.
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Honduras, 28 de junio de 2010
Coup d’État, un an après : une faillite vertigineuse de l’État de droit et des libertés publiques
Reporters sans frontières, l’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC) et le Comité pour la libre expression (C-Libre) ont décidé de se prononcer ensemble, un an après le coup d’État du 28 juin 2009. Cet événement a probablement signé l’une des faillites les plus vertigineuses des libertés fondamentales dans un pays – notamment celle d’informer et d’être informé – au point de propulser celui-ci au pire rang planétaire pour la sécurité des journalistes.
Deux périodes principales se détachent de ces événements. La première - allant du renversement de Manuel Zelaya par l’armée à l’investiture de Porfirio Lobo Sosa, le 27 janvier dernier -, a été marquée au plan médiatique par des actes de censure, de sabotages, de brutalités et d’occupations militaires de médias connus pour leur ligne d’opposition au putsch. Ce fut le cas de la chaîne Canal 36 Cholusat, Radio Globo, Radio Progreso, Radio Uno ainsi que de médias communautaires comme la radio afro-hondurienne Faluma Bimetu (Radio Coco Dulce), dévastée par un incendie criminel, le 6 janvier dernier et à la reconstruction de laquelle nos trois organisations ont participé. La censure et le sabotage ont également concerné la presse étrangère dès les premières heures du coup d’État, et des médias aussi différents que CNN Español ou Telesur, dont une dizaine de journalistes ont été expulsés du pays.
La seconde période, post-coup d’État, allant de la dernière investiture présidentielle à ce premier “anniversaire”, se distingue surtout par l’assassinat de huit professionnels des médias de mars à juin 2010 :
-Joseph Ochoa, chaîne Canal 51, 1er mars
-David Meza Montesinos, chaîne Abriendo Brecha et radio El Patio, 11 mars
-Nahúm Palacios, chaîne Televisora de Aguán – Canal 5, 14 mars
-Bayardo Mairena, chaîne Canal 4, 26 mars
-Manuel Juárez, Radio Excélsior, 26 mars
-Luis Antonio Chévez, station W 105, 11 avril 2010 (animateur)
-Georgino Orellana, Televisión de Honduras, 20 avril
-Luis Arturo Mondragón, chaîne Canal 19, 14 juin.
A ces noms doivent s’ajouter ceux de défenseurs des droits de l’homme, comme Walter Tróchez, séquestré et assassiné au mois de décembre. Que tous ces crimes ne soient pas liés à la violence politique qui mine le pays depuis un an est possible. Ceci ne justifie en rien l’attitude des autorités consistant à exclure systématiquement, et a priori, toute relation entre ces drames et cette violence-là. Pourtant, Nahúm Palacios Arteaga avait dénoncé les persécutions régulières de la part de l’armée dont il était la cible juste avant d’être abattu. Georgino Orellana s’était personnellement exposé en quittant pour des raisons éditoriales ses anciennes rédactions de La Prensa et Televicentro, deux médias favorables au coup d’État. Joseph Ochoa aura été, quant à lui, la victime d’un attentat qui visait, pour son soutien au putsch, sa consœur de la chaîne Canal 8 Karol Cabrera, depuis réfugiée au Canada.
Comment nier la permanence de la violence politique contre les médias après l’incroyable assaut mené, le 3 juin dernier, par des militaires et des policiers contre la toute jeune radio communautaire La Voz de Zacate Grande, voix d’une communauté rurale en conflit avec le magnat de l’agro-industrie Miguel Facussé ? Comment interpréter la nomination à la tête de l’entreprise publique de télécommunications Hondutel, le 8 mars, du général en retraite Romeo Vásquez Velásquez, le maître d’œuvre de la censure aux premières heures du coup d’État ? Comment comprendre le silence des autorités après deux injonctions de la Commission interaméricaine des droits de l’homme en faveur de la protection physique des journalistes de Radio Progreso et de leur directeur, Ismael Moreno, à la suite de menaces de mort ?
La réintégration du Honduras dans l’Organisation des États américains, suspendue depuis un an, dépend de la volonté des autorités actuelles de répondre concrètement à cette situation. Elles n’ont fait jusque-là qu’entériner la logique née du coup d’État. Dans leur domaine de compétence, nos organisations souhaitent :
-Qu’une commission d’enquête civile indépendante constituée avec l’appui de l’OEA puisse exercer un droit de regard sans entrave sur les enquêtes concernant les assassinats et agressions de journalistes commis au cours du premier semestre de l’année 2010, ainsi qu’un suivi de l’exécution des mesures de sécurité accordées aux journalistes et aux médias.
-Que ce travail donne lieu à la mise en place de réels mécanismes de protection en faveur des professionnels des médias, ainsi qu’à des enquêtes désignant les auteurs de crimes envers la presse et mettant fin à l’impunité qui entoure les assassinats et attaques commis contre des journalistes et des rédactions.
-Que soient inventoriés et restitués les équipements de médias ayant fait l’objet d’une occupation militaire depuis le 28 juin 2009.
-Que soit effectué un recensement complet des fréquences audiovisuelles assorti d’une refonte de leur système d’attribution, sur la base de critères démocratiques garantissant la pluralité et la diversité d’informations pour les médias commerciaux, publics et communautaires.
-Que la législation hondurienne en matière d’accès à l’information, de délits d’opinion, de diversité des médias et de pluralisme soit adaptée dans les plus brefs délais aux standards juridiques internationaux et aux cadres de la Convention américaine sur les droits de l’homme.
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Honduras, 28 de junio de 2010
Golpe de Estado, um ano depois: um fracasso vertiginoso do Estado de direito e das liberdades públicas
Repórteres sem Fronteiras, a Associação Mundial de Rádios Comunitárias (AMARC) e o Comité pela Livre Expressão (C-Libre) decidiram pronunciar-se juntos, um ano depois do golpe de Estado de 28 de junho de 2009. Este acontecimento constituiu provavelmente um dos maiores fracassos das liberdades fundamentais num país – em particular a de informar e de ser informado – ao ponto de ter relegado as Honduras ao nível das piores nações no que respeita à segurança dos jornalistas.
Destacam-se dois principais períodos nestes acontecimentos. O primeiro – que vai da derrocada de Manuel Zelaya pelo exército até à tomada de posse de Porfirio Lobo Sosa, no passado dia 27 de janeiro – caracterizou-se a nível mediático por atos de censura, sabotagens, brutalidades e militarizações de meios de comunicação conhecidos pela sua linha de oposição ao golpe. Foi o caso de Canal 36 Cholusat, da Radio Globo, Radio Progreso e Radio Uno, assim como de meios comunitários como a rádio garífuna Faluma Bimetu (Radio Coco Dulce), devastada por um incêndio de origem criminosa a 6 de janeiro e em cuja reconstrução participaram as nossas três organizações. A censura e a sabotagem também afetaram a imprensa estrangeira desde os primeiros momentos do golpe de Estado, nomeadamente a canais tão diferentes como CNN Espanhol e Telesur, da qual uma dezena de jornalistas foram expulsos do país.
O segundo período, post-golpe de Estado, vai da tomada de posse presidencial a este primeiro “aniversário”, e caracteriza-se pelo assassinato de oito profissionais da mídia de março a junho de 2010:
- Joseph Ochoa, do Canal 51, a 1 de março
- David Meza Montesinos, do canal Abriendo Racha e da rádio El Patio, a 11 de março
- Nahúm Palacios, do canal Televisora de Aguán – Canal 5, a 14 de março
- Bayardo Mairena, do Canal 4, a 26 de março
- Manuel Juárez, da Radio Excélsior, a 26 de março
- Luis Antonio Chévez, da rádio W 105, a 11 de abril (locutor)
- Georgino Orellana, da Televisión de Honduras, a 20 de abril
- Luis Arturo Mondragón, do Canal 19, a 14 de junho
Juntam-se a esta lista defensores dos direitos humanos, como Walter Tróchez, sequestrado e assassinado em dezembro. É possível que nem todos os assassinatos estejam relacionados com a violência política que afeta o país há um ano. Mas esta possibilidade não justifica de nenhuma maneira a atitude das autoridades, que consiste em excluir sistematicamente e a priori qualquer vínculo entre estes casos e a dita violência. Porém, é sabido que Nahúm Palacios Arteaga denunciou as perseguições frequentes de que era vítima por parte do exército antes de ser morto. Georgino Orellana expôs-se pessoalmente ao abandonar por motivos editoriais as redações de La Prensa e de Televicentro, dois meios de comunicação favoráveis ao golpe de Estado. Joseph Ochoa, por seu lado, foi alvo de um atentado destinado à sua colega do Canal 8, Karol Cabrera, refugiada no Canadá desde o incidente por ter apoiado o golpe de Estado.
Como se pode negar a persistência da violência política contra a mídia depois do incrível assalto levado a cabo, no passado dia 3 de junho, por militares e policiais contra a recém-criada rádio comunitária La Voz de Zacate Grande, lançada por uma comunidade rural em conflito com o magnata da agro-indústria Miguel Facussé? Como interpretar a nomeação como presidente da empresa pública de telecomunicações Hondutel, a 8 de março, do general reformado Romeo Vásquez Velásquez, instaurador da censura nos instantes posteriores ao golpe de Estado? Como entender o silêncio das autoridades após duas recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos pedindo a proteção física dos jornalistas de Radio Progreso e de seu diretor, Ismael Moreno, ameaçados de morte?
A reintegração das Honduras na Organização de Estados Americanos (OEA), da qual se encontram suspensas há um ano, depende da vontade das autoridades atuais para responder de maneira concreta a esta situação. Até agora, limitaram-se a confirmar a lógica nascida com o golpe de Estado.
No âmbito das suas competências, as nossas organizações solicitam:
-A criação de uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos permanente para as Honduras, enquanto não se registar uma melhoria notável no exercício da liberdade de expressão.
-Que uma comissão de investigação civil independente, constituída com o apoio da OEA, possa exercer sem constrangimentos um poder de observação sobre as investigações relativas aos assassinatos e agressões de jornalistas cometidos durante o primeiro semestre de 2010, assim como a verificação do cumprimento das medidas de segurança oferecidas aos meios de comunicação e aos seus profissionais.
-Que esta missão permita a criação de autênticos mecanismos de proteção destinados aos profissionais da mídia e de investigações que identifiquem os responsáveis e ponham fim à impunidade em que se encontram os assassínios e as agressões contra jornalistas e suas redações.
-Que sejam inventariados e restituídos os equipamentos dos meios de comunicação vítimas de ocupação militar desde 28 de junho de 2009, com base em critérios democráticos que garantam a pluralidade e a diversidade informativa para os setores comercial, público e comunitário.
-Que se leve a cabo um censo das frequências audiovisuais, junto com uma reestruturação de seu sistema de atribuição.
-Que a legislação hondurenha em matéria de acesso à informação, de delitos de liberdade de expressão, de diversidade nos meios de comunicação e de pluralismo se adapte quanto antes aos princípios jurídicos internacionais e às normas da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos.
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